Alentado por un aparato político que ha demostrado notoria incapacidad –cuando no sospechada complicidad- para hacerle frente, el crimen sigue haciendo de las suyas, especialmente en Buenos Aires y otras grandes urbes del país, cobrando vidas de inocentes y poniendo en jaque a la sociedad.
Por Jorge Brinsek
La policía echa la culpa a la justicia por atarle las manos, especialmente con los menores de edad que han demostrado ser los más crueles asesinos. Los jueces dicen que ellos interpretan las leyes que elaboran, debaten y sancionan los políticos. Estos últimos están demasiado ocupados en sus posicionamientos internos con miras al próximo año electoral y temen dictar normas que los tilden de violadores, ya sea de los Derechos del Niño o de los Derechos Humanos.
Lo concreto es que el domingo a mediodía, un joven salió de su casa de la Capital Federal a jugar un partido de fútbol. Un automóvil se le cruzó en el camino y su familia recibió dos horas después un pedido de rescate por 50.000 dólares. El lunes en la mañana su cuerpo fue hallado calcinado, con un balazo calibre 45 en la cabeza. Sus asesinos fueron brutalmente impiadosos.
Todo está, por supuesto, sujeto a investigación. Pero sea cual fuere el resultado a las derivaciones de este absurdo crimen, queda una vez más en claro la certeza de que el ciudadano común, el que paga sus impuestos, el que trabaja para levantar un país, está cada día mas inseguro a merced de un azote producto de la incapacidad del Estado para contenerlo.
Muchas veces este ominoso tema ha sido tratado aquí. Los delincuentes, especialmente los más jóvenes, se sienten cómodos y seguros, especialmente cuando leen por los diarios que los magistrados, por ejemplo en Buenos Aires, prohíben a la policía detenerlos preventivamente en la calle y mucho menos conducirlos a una comisaría para interrogarlos e identificarlos.
Matan sin piedad
Para el crimen organizado, la mano de obra efectiva son precisamente los adolescentes, especialmente si se los convierte rápida y compulsivamente en adictos a la droga. Fuera de control roban y matan sin piedad. Si caen detenidos –y si es que no los liberan antes por imperio de la Justicia- hay completos ejércitos de abogados y onerosos profesionales que los liberarán antes de que sus víctimas pudieran siquiera radicar la denuncia.
Los fallos judiciales –algunos de ellos provenientes de altas instancias- aptos para un estado de derecho ideal, pero letales para una tierra de nadie en la que millones de personas viven a diario, lejos de fijar parámetros de urbanidad potencian la ley de la selva. El doloroso pasado que ensangrentó a la Argentina en los 70 es el estigma para confundirlo todo. Nadie quiere ser tildado de “represor” ni violador de ningún derecho, cuando en realidad lo que se está violando es la esencia misma que hace al desenvolvimiento de una sociedad.
No hace mucho tiempo, una prestigiosa entidad defensora de los derechos humanos, elaboró un informe académico relativizando los asesinatos de policías al señalar que buena parte de ellos se producían cuando los uniformados se hallaban francos de servicio y vestidos de ropas civiles (por ejemplo en el interior de un almacén o supermercado) y que su muerte ocurría, de alguna manera, al provocar el enfrentamiento dándose a conocer como representantes de la ley, en lugar de asumir el rol de víctimas del atraco.
En palabras más simples, para esa calificada institución no gubernamental (ONG), los policías hoy vivirían si en lugar de identificarse como tales hubieran levantado las manos y aceptado el asalto. O sea que es culpa de los fallecidos haber convertido en asesinos a sus atracadores. Ese insólito argumento es utilizado por los abogados defensores de los criminales para lograr el atenuamiento de sus penas al sostener que sus defendidos no quisieron matar, solo que, al ser atacados se vieron obligados a hacerlo. Y vaya si da resultado. En los últimos años prácticamente el 100 por ciento de los crímenes fueron perpetrados por delincuentes con frondoso historial (pese a su juventud) acostumbrados a entrar y salir de prisiones y comisarías como quien va a un club de amigos.
Esto es gravísimo. El crimen está ganando. Y si ello es así, no hay sociedad ni país posible, ni a la larga, ni a la corta, sea cual fuere el resultado de la economía.
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