A los jueces y fiscales no les gustan las opiniones de la gente del común sobre sus decisiones. Tratan de no tenerlas en cuenta.
Por Vicente Di Santo
Redacción
Según Bertold Brecht, el poeta Kin-yeh fue expulsado de su país porque se le reprochaban opiniones vulgares. Decía que se lo acusaba de compartir las opiniones del vulgo. “Son las mejores”, afirmaba.
A los jueces y fiscales no les gustan las opiniones de la gente del común sobre sus decisiones. Tratan de no tenerlas en cuenta. Dicen que carecen de sustento jurídico, como es obvio, o que no las entienden. Por eso a través de la historia contemporánea los jueces han hablado por sus sentencias, aunque, claro, en la era mediática esa premisa ya no se respeta tanto. Además, ahora se acepta también que el funcionario público debe rendir cuenta de sus actos.
El avance de la inseguridad sobre los territorios de la tranquilidad y los bienes de la gente ha dado lugar a algo impensado hasta hace unos pocos años: que jueces y fiscales tengan un rol más activo en la comunicación, frente a hechos que conmocionan a la opinión pública y merecen algo más que una sentencia (muchas veces tardía) que difícilmente llegue al conocimiento de la población.
El ciudadano requiere explicaciones de los funcionarios públicos, y jueces y fiscales lo son, como lo son todos los empleados de la Justicia. En consecuencia, deben dar satisfacción a esos requerimientos sociales.
Algo de eso se ha visto en las últimas horas como consecuencia del horrendo homicidio de una familia, ocurrido en Campana, cuando se detectó que el principal acusado estaba bajo el régimen de prisión domiciliaria con monitoreo a través de la llamada “pulserita”, aunque le hacía trampas al sistema, que no fueron detectadas.
Delito y a la casa
La novedad llevó a posar los ojos sobre el Departamento Judicial local, al que se reconoce por tener cierta laxitud con relación al estado de los detenidos.
En Necochea existe un festival de arrestos domiciliarios, algunos con salida laboral.
Aquí hay sólo dos “pulseritas” otorgadas, sobre un total de 226 en la Provincia. Pero el Estado bonaerense pareciera no querer saber más nada con este sistema, ya que hace tiempo que no aumenta el número de unidades. Se considera que esta técnica de origen israelí, no termina por resolver convenientemente las situaciones y que su costo de 27,5 pesos por día es elevado.
En Necochea existe, en cambio, un festival de arrestos domiciliarios, algunos con salida laboral. Hay 35 otorgados y en la gran mayoría de los casos se trata de imputados por delitos contra la propiedad, aunque también hay violadores y homicidas.
Hay 35 personas –muchas de ellas con antecedentes- que deambulan libremente por las calles tras haber cometido diversos delitos.
Pero lo peor de todo es que esas 35 personas –a diferencia de lo que ocurre cuando tienen una “pulserita”- carecen de todo tipo de control por parte del Estado o de la Justicia.
La fría y seca letra de la ley determina, siempre, de qué manera deben hacerse los controles, y quién tiene la responsabilidad operativa, pero lo concreto es que nunca hay recursos y, en consecuencia, la ley no termina por imponerse sobre los hechos cotidianos.
Podrán decirnos que algunos de quienes están con prisión domiciliaria se encuentran bajo la responsabilidad de una tercera persona que se hizo cargo, que le provee de trabajo y lo controla. Pero también se sabe que en muchos casos, se trata de acuerdos entre amigos, es decir, beneficiario y presunto empleador, tendientes a que el imputado de delitos pueda circular libremente y escapar así del mal llamado “largo brazo de la ley”.
Los fiscales cuentan innumerables situaciones en las que se simula esa supuesta relación laboral y que la misma sólo termina por descubrirse cuando el beneficiario de la morigeración comete un nuevo ilícito, es descubierto y aprehendido. ¿Y si no se lo descubre? Seguirá delinquiendo.
La experiencia determina que las detenciones domiciliarias funcionan de acuerdo a la voluntad del acusado. Si quiere reincidir, lo hará; y si busca tener una buena conducta, entonces el sistema habrá funcionado.
Lo cierto es que no funcionan los mecanismos de contralor, cosa que en la Justicia no se ignora, por supuesto. De hecho, el Patronato de Liberados no tiene suficiente personal ni equipamiento para cumplir con su cometido. Los jueces lo saben.
Hay un condenado a siete años de prisión que se encuentra cumpliendo la pena en su domicilio. ¿Cómo se explica esto?
Por supuesto, aquellos magistrados que resuelven de modo favorable los pedidos de detenciones domiciliarias no están actuando contrario a Derecho, no fuerzan la ley, pero muestran un criterio de interpretación más laxo y a veces contradiciendo al sentido común.
Caso paradigmático
Acaba de conocerse un caso paradigmático que bien podría merecer alguna explicación del organismo competente. La Cámara de Apelaciones acaba de otorgarle el beneficio de la excarcelación a un sujeto que está imputado de homicidio y que ya contaba con una condena con sentencia firme por un caso de robo calificado.
El beneficiado es Guillermo Francisco Recart, imputado por el homicidio de Alejandro Elía, ocurrido el 18 de mayo de este año en la vivienda de calle 81 al 4400.
El fiscal pidió al Juzgado de Garantías la prisión preventiva para Recart. La Defensoría Oficial solicitó el cambio de carátula y la excarcelación extraordinaria. Pero antes de que el juez pudiera resolver, la Cámara de Apelaciones accedió a un pedido anterior de la Defensa y Recart recuperó la libertad.
La experiencia determina que las detenciones domiciliarias funcionan de acuerdo a la voluntad del acusado.
Los jueces de Cámara obviaron no sólo la sentencia anterior que pesaba sobre el imputado, sino también varias aprehensiones que tuvo a lo largo de este año: por una reyerta que terminó a los tiros, circular en una moto robada y violación a un domicilio. Esto sin tener en cuenta que se lo está investigando por el robo producido en Maxiconsumo.
Mientras tanto, la causa de Recart está en manos de la saturada Cámara de Casación, que es como decir que la mandaron al freezer, y muy posiblemente sea juzgado por el homicidio de Elía bastante antes de que alguien abra el expediente en esa instancia judicial superior.
Además de mandar a los procesados a su casa sin ningún tipo de control, quienes lo hacen podrían extremar las formas para que al menos haya algún tipo de vigilancia.
Por caso, podría analizarse la posibilidad de que el personal policial se encargara de controlar la presencia en sus domicilios de los beneficiados con morigeraciones, a la vez que llevan a cabo las rondas habituales de prevención en los móviles.
En el Departamento Judicial Mercedes se asegura que no se otorgan morigeraciones. Podrá señalarse que es el otro extremo de lo que ocurre en Necochea y también que los extremos nunca son convenientes. Pues, entonces, habrá que buscar un punto intermedio en el que las morigeraciones estén debidamente fundamentadas y sean excepcionales.
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