Promesas incumplidas

27 julio 2008 10:25

Por Vicente Di Santo

Redacción

Los territorios de la inseguridad están plagados de promesas. Tantas que cualquiera creería que no se admiten más. Sin embargo, periódicamente se escuchan nuevos anuncios, ofrecimientos, novedades. En fin, un mar de palabras es lo que se ha utilizado habitualmente en el campo de la política para intentar frenar a la inseguridad.
Como es obvio, las palabras transformadas en promesas no sirven para detener a la delincuencia, ni a la violencia o al extendido fenómeno de la drogadicción.
Las promesas sólo tienen un valor efímero y puntual. No obstante, muchas veces alcanzan para actuar como dique de contención momentáneo de las expectativas o las exigencias populares en demanda de mayores y mejores niveles de seguridad.
Es así como Necochea todavía está esperando aquel plan de seguridad que prometió el ex ministro León Arslanián el 19 de junio del año pasado, cuando se habían producido dos casos de gatillo fácil en seis meses.
En aquella oportunidad, una comisión local fue recibida por el entonces ministro de Seguridad, quien prometió de todo, incluso un plan especial para la ciudad. En aquel momento, la campaña electoral estaba a punto de alcanzar su clímax y hacía sólo dos meses que se había difundido que la Policía local estaba secuestrando un arma por día a la delincuencia.

En la comuna, hoy no se habla el mismo lenguaje, no se expone el tema con tanta claridad, pero la deuda sigue intacta.

“Si te he visto, no me acuerdo”, señalaría el saber popular. Arslanián se fue del ministerio, cambió el gobierno y… a empezar de nuevo!
En ese mismo mes y año, el secretario municipal de Gobierno admitió, en plena campaña, que “la seguridad es una de las deudas pendientes más fuertes que tiene el gobierno municipal con la sociedad”, haciéndose cargo del tema.
En la comuna, hoy no se habla el mismo lenguaje, no se expone el tema con tanta claridad, pero la deuda sigue intacta.
En aquel mismo mes de 2007 y a poco de asumir, el jefe de la Policía Departamental expresaba, en una nota escrita para Ecos Diarios, que “no observo que la situación de seguridad de Necochea se encuentre desbordada ni mucho menos o que resulte imposible de controlar o de disminuir el delito”.
¿Podría suscribir ahora el comisionado Guillermo Britos esas mismas palabras? Probablemente no, porque el radio de acción de la delincuencia sigue extendiéndose, llegando incluso a cometer hechos de mayor gravedad, como los ocurridos en los últimos tiempos en la joyería Garrié, Lucaioli o Maxiconsumo.
Contrariamente a lo señalado por el jefe policial, la seguridad está desbordada en la actualidad y hasta el momento no ha sido posible controlarla; mucho menos disminuirla.

Más promesas

En febrero de este año, el intendente y representantes de entidades se entrevistaron con el nuevo ministro del área, Carlos Stornelli. Le pidieron el envío de un mayor número de efectivos policiales, móviles y recursos. En el verano la presión delictiva se había acentuado en sectores residenciales de la Villa Díaz Vélez.
La respuesta fue positiva, una vez más, en palabras. El ministro de Seguridad se comprometió a enviar hombres, móviles y equipamiento. Prometió hasta un helicóptero, que se encargaría de vigilar las zonas rurales, pero sólo llegaron unas pocas motocicletas, aunque aquellas promesas sirvieron para enfriar un poco los ánimos de la gente.
A mediados de marzo pasado el secretario de Gobierno informó que se iba a gestionar un subsidio para instalar cámaras de seguridad, cosa que aparentemente no se hizo, ya que esta semana Mario Diez señaló que se va a hacer un concurso público para adquirir dichas cámaras con recursos propios del erario comunal.
Pero, no obstante, no descartó –otra vez- que el municipio realice gestiones en la Provincia con el propósito de obtener un subsidio.

¿Las cámaras serán compradas con recursos propios o un subsidio que ya fue anunciado pero nunca gestionado?

¿En qué quedamos? ¿El equipamiento será comprado con recursos propios o un subsidio que ya fue anunciado pero nunca gestionado?
Más allá de esta contradicción, pareciera que ahora el gobierno municipal ha tomado la decisión política y se encamina a trabajar en la instalación de cámaras de seguridad. No le ha llevado nada más que tres años y nueve meses, porque la ordenanza aprobando la instalación de cámaras en la ciudad y Quequén fue votada por el Concejo Deliberante el 22 de octubre de 2004.
Según la iniciativa original, las cámaras deberían instalarse en avenidas 2, 75, 58, 59, 10, 79, 98 y 74, y en Diagonal San Martín, Jesuita Cardiel, calle 89 y microcentro, entre otros sitios.
En Quequén se contemplaba ubicarlas en avenidas Almirante Brown y en ésta y 519; Circunvalación, 554, 536, 531, 517, 519, 542 y 502, entre otros lugares. Se incluían también los accesos de las rutas 86 y 228 y los ingresos a Quequén por las rutas 88 y 227.
Ahora, en principio, de acuerdo a los trascendidos, solamente se ubicarían cámaras en los accesos al núcleo urbano. De todos modos, han pasado tres años y nueve meses de anuncios, de modo que habrá que ver para creer. En cualquier caso, semejante demora frente a un asunto tan acuciante como el de la inseguridad es una muy mala respuesta a las demandas de la gente y a sus urgencias y temores cotidianos.
Con las cámaras no se va a resolver la problemática de la inseguridad, eso es aceptado en forma generalizada, pero se trata de una herramienta más para ofrecer –junto a otras- una mayor protección a la población.
Hace poco menos de un mes se produjo una de las mayores manifestaciones públicas en demanda de justicia y seguridad. Participaron unas cinco mil personas y el mayor reclamo fue que el municipio, la Policía y la Justicia trabajen de manera conjunta. Es lamentable admitir que hasta ahora no se avanzó en ese sentido.
Simultáneamente, el ministro de Justicia provincial anunció la construcción de una alcaidía en nuestra ciudad, algo que viene siendo reclamado desde todos los sectores involucrados en esta problemática. La novedad produjo satisfacción y un moderado optimismo.
Sin embargo, nada más se ha sabido acerca de la construcción de la alcaidía y tampoco se ha informado acerca del viaje que debían realizar a nuestro medio algunos técnicos que iban a trabajar, entre otras cosas, en la determinación del emplazamiento.
Cabe esperar que se trate sólo de una demora propia de la burocracia estatal y no de una nueva promesa coyuntural tendiente a mejorar momentáneamente el ánimo de la población frente a la persistente acción delictiva.
En ese marco, el robo de una computadora portátil del que fue víctima en su propio despacho oficial la fiscal del nuevo fuero Penal Juvenil es una señal más, aunque no menor, acerca del avance del delito por sobre los ciudadanos.

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