No habrá acuerdos que duren

25 junio 2008 11:46

El Gobierno impuso una retención a la soja muy "cara" el 11 de marzo y los agricultores proponen mantener la retención "barata" anterior a esa fecha, en tanto que los partidos opositores especulan alrededor de ambos extremos.
Si no fuera porque las entidades agropecuarias reclaman una discusión a fondo de la política sectorial, la mera puja de los números no se distinguiría de aquello que sucede en un mercado persa.

Por Francisco A.Mezzadri (*)
Colaboración
Lo preocupante del caso es que el regateo resulta la regla de negociación individual en formas primitivas de mercado, mientras que en la Argentina el regateo es regla, pero para resolver disputas distributivas bajo formas primitivas de política, sin reglas de mercado.
Las formas primitivas de mercado reconocen, sin embargo, que el precio se determina libremente y que permite asignar recursos para producir e invertir. En la Argentina, en cambio, como los precios de mercado son frecuentemente reemplazados por los precios, subsidios o compensaciones que fija el Estado, la realidad no se conoce. De ahí, el levantamiento de las medidas por parte del campo y la preocupante aparición del regateo.
El punto de partida de la política agropecuaria debería reconocer que si los productos del agro argentino se distinguen en el mundo por su altísima productividad, su ecuación económica mostrará una elevada utilidad, luego de recibir el precio internacional total de sus productos, pero también luego de pagar el precio internacional de sus insumos importados y los precios de los productos nacionales, sin subsidios. Dicha utilidad debería ser gravada por el sistema impositivo y constituir la base cierta para cualquier otro análisis.
Eludir el mercado es desconocer la realidad, tanto para el productor, cuanto para el Estado. Creer que las retenciones son sinónimo de justicia social o que cumplen el rol del impuesto a los beneficios extraordinarios, el del impuesto a la tierra improductiva o el de reasignación de la inversión agropecuaria para producir mejor, es creer que idéntico rol lo podría cumplir el impuesto a los Ingresos Brutos.

Pero es posible identificar áreas de intervención del Estado que cubran las fallas o ausencias del mercado y que significan costos o inversiones adicionales para el sector privado. El Estado debe procurar y controlar la acción privada efectiva para mantener las "fuerzas originales e indestructibles del suelo", como diría David Ricardo, e impedir que se degrade el medio ambiente. En segundo lugar, el Estado debe terminar con la evasión impositiva y el empleo rural en negro y, en tercero, debe custodiar la vigencia de un ámbito competitivo en la comercialización interna de la producción agropecuaria, en la intermediación transformadora para el consumo interno, en su industrialización y exportación.
Finalmente, es el Estado quien debe proveer condiciones macroeconómicas estables y un marco jurídico-institucional creíble, para alentar un flujo sostenido de inversiones y de tecnologías.
Tales son los componentes de política con los que el Estado debería complementar al mercado en la libre asignación de los recursos productivos. Su aplicación no excluye que surjan políticas públicas adicionales que atiendan consistentemente circunstancias diferenciales y temporales de promoción o amparo dentro del sector. Pero todo lo anterior está muy lejos de la discusión acerca de si el 49 por ciento es inaceptable o si es mejor, en cambio, el 35% de retenciones.
Cuando se rechazan o no se saben defender los principios en que se desenvuelve la economía moderna, se trabaja en el peligroso marco de un debate sin reglas y sin acuerdos perdurables (DYN).

(*) es economista.

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