El asesor de Menores de la Ciudad Autónoma Gustavo Daniel Moreno, expresó en nuestra ciudad que “la familia debe hacer un análisis crítico de cómo el Derecho se inserta en el núcleo familiar y, sobretodo, los tratados internacionales y el Derecho Constitucional”.
El especialista inició un curso de actualización en Derecho de Familia, cuyo escenario es el Colegio de Abogados de Necochea, y sobre las leyes que regulan la actividad, Moreno destacó que “los argentinos tenemos leyes muy buenas. La Provincia también las tiene, pero no actuamos las leyes. Hay una dicotomía al respecto y parece que todo lo queremos arreglar con nuevas leyes”.
Añadió que “existe la Convención de los Derechos del Niño, la Provincia tiene la Ley de Protección Integral, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con su propia Ley, al igual que la Nación, pero lo cierto es que no las actuamos o no las llevamos a cabo. Este tipo de cursos sirve para que las autoridades públicas, la familia, los padres y los propios chicos, respeten las leyes en vigencia”.

El rol de la familia

Sobre la responsabilidad primordial de los padres ante los chicos, el asesor de Menores señaló que “la Convención de Derechos del Niño es clara, los responsables primordiales es el padre y la madre. En situaciones de pobreza, el Estado -lógicamente-, tiene que contener y acompañar a los padres”.
Agregó que “en muchos casos esto no se dá, porque los gobernantes no están a la altura de las necesidades que, en materia de derechos de familia e infancia, son urgentes a tener considerar. Por ejemplo, un chico adicto, un caso de violencia familiar, no admite soluciones mediatas sino inmediatas”.
El prestigioso disertante llevó a cabo la primera jornada, de una serie de ocho encuentros, uno por mes, sobre actualización de Derecho de Familia, ante un salón auditorium colmado de profesionales y técnicos en la especialidad.

Políticas de gestión

“El Poder Ejecutivo tiene que gestionar, esa es la premisa. El Poder Legislativo sancionó las leyes, ratificó los tratados internacionales y el Poder Judicial aplica esas leyes, pero creo que a veces el gran ausente es la política de gestión de los ejecutivos”, consideró Gustavo Moreno.
Indicó al respecto que “tal vez no sea esto por mala fe, sino porque los propios operadores no tienen la capacidad suficiente en la materia. Hay políticas de gobierno, pero no de Estado en Derecho de Infancia, y cuando cambia una gestión se modifica todo el panorama y hay que empezar de nuevo”.
Finalmente, Moreno recalcó que “muchas veces el Estado no tiene recursos para la internación de chicos adictos, esto es común en las provincias. No hay directivas claras de cómo intervenir dentro de una familia, y cuando pasan estas cosas, el Poder Judicial tiene que actuar y solicitarle al Ejecutivo, que haga aparecer los recursos necesarios”.