Acción de amparo por las retenciones móviles

08 mayo 2008 09:42

El Juzgado Federal local se declaró competente El Juzgado Federal de Necochea declaró habilitada la instancia judicial y su competencia en una acción de amparo promovida en contra del Poder Ejecutivo Nacional, en la que se pretende que se declare la inconstitucionalidad del último aumento de los derechos de exportación para la soja y el girasol, y del establecimiento de retenciones con alícuotas móviles.
La resolución fue firmada por el juez federal subrogante Dr. Alfredo E. López, quien señaló en la misma que “el esperado anuncio de las nuevas medidas vinculadas a la actividad agropecuaria, a la fecha, no se han implementado, lo cual revela implícitamente que las disposiciones que promovieron el aumento y movilidad de las retenciones resultaron incompletas e insuficientes, al menos hasta que se materialicen la totalidad de las normas que complementarías las resoluciones cuestionadas”.

Plazo de cinco días

El magistrado –que hizo suyo el resolutivo del fiscal federal- requirió al Poder Ejecutivo nacional, en un plazo de cinco días hábiles, información acerca “de los antecedentes y fundamentos que motivaron” las cuestionadas resoluciones del Ministerio de Economía –suscriptas por Martín Lousteau- que aumentaron las retenciones y abrieron el camino al duro conflicto que mantiene el gobierno con el sector rural.
Abierta la instancia y sentada la competencia, el Poder Ejecutivo tiene limitada toda defensa, pudiendo únicamente informar lo que el juez ha solicitado, respecto de las resoluciones cuestionadas. En tal sentido, el Juzgado Federal resolvería tras el plazo de cinco días, con o sin el informe evacuado.
El pedido de amparo fue interpuesto por el productor Hugo Christensen, quien según la resolución judicial, “se encuentra legitimado” para hacerlo.
Según fuentes consultadas por Ecos Diarios, la resolución del Juzgado Federal de Necochea abre una puerta de esperanza para los productores del campo, quien ven en ella una alternativa a los cortes de ruta u otras formas de protesta.
De tal forma, el conflicto con el gobierno se “judicializaría”, ahondando un poco más la ya grave tensión existente entre ambos sectores en pugna desde hace dos meses.

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