En relación con las declaraciones periodísticas del ex ministro Federico Storani respecto de supuestas coimas que habría pagado Siemens para ser adjudicataria de la licitación referida a los DNI, quisiera realizar algunas consideraciones. Cuando se veía que la licitación sería adjudicada formalmente a Siemens y el contrato respectivo iba a ser firmado, envié ocho cartas documento en enero y febrero de 1998 a personajes importantes del gobierno de Carlos Menem: al ex ministro del Interior, Carlos Corach; al ex viceministro del Interior, Jorge Matzkin; al ex director del Registro Nacional de las Personas, Eduardo D´Amico; al ex secretario de Población del Ministerio del Interior, Aldo Omar Carrera; al ex subsecretario de Administración del Ministerio del Interior, Guillermo Rodríguez; al ex director nacional de Migraciones, Hugo Franco; al ex ministro coordinador, Jorge Rodríguez, y al ex asesor de Gabinete de la Secretaría de Interior, Carlos Amado.

Antes, en diciembre de 1997, y cuando se veía venir lo que en definitiva pasó, presenté un recurso de amparo intentando frenar el proceso “licitatorio”, que tramitó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, a cargo de la Dra. Claudia Rodríguez Vidal, que fue rechazado. Por lo que la firma del contrato era inminente y no se podía detener.

Por medio de las cartas documento referidas aparecía formalmente, a cada uno en forma personal, que si se firmaba el contrato con Siemens se estaría cometiendo un ilícito y que los denunciaría penalmente.

Siguieron adelante (por supuesto en el medio me enviaron un hombre allegado a la SIDE a amenazarme) y denuncié penalmente a los intimados mencionados, el 17 de marzo de 1998. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del Dr. Gabriel Cavallo. En un momento, Cavallo “tiró la papa caliente” a Canicota Corral, quien a su vez “se borró”, volviendo la causa al primero.

Adjunté a la denuncia (la misma era de diez fojas, es decir 20 páginas tamaño oficio) 298 fojas de prueba documental. La base conceptual de la denuncia era muy simple: comparaba lo que se contrataba con Siemens con lo que con similares características se había contratado siete años antes (siendo ministro Mera Figueroa) con la Sociedad de Exportación del Ministerio del Interior de Francia (Sofremi). El sistema era similar, pero la diferencia era la siguiente: precio pactado por cada DNI de la Sofremi $ 4,50; precio pactado por cada DNI con Siemens $ 25 más IVA. Algo más de 30 pesos. El sobreprecio saltaba a la vista.

Después de lentas vueltas procesales, se armó una maniobra por ciento burda y el expediente fue al archivo. En el medio tuve oportunidad de alegar “in voce” en la Sala de la Cámara Federal en la que actuaban los jueces Luraschi/Catani/Irurzun. En esa oportunidad, les expliqué quienes habían negociado la “mordida” y el circuito que iba a recorrer la misma. Pero la causa había sido enviada al archivo y al no ser parte no pude hacer nada al respecto.

Algunas de las publicaciones en las cuales se mencionó el tema fueron Página 12 (martes 6 de enero de 1998); Clarín (12 de junio de 1998) y La Nación (el viernes 30 de enero de 1998 publicó una carta de mi autoría donde advierto públicamente lo que estaba pasando, lo que iba a pasar y, en definitiva, lo que pasó).

Tiempo después me contactaron con la Sigen, a cargo de Rafael Bielsa, y me pidieron “letra”. Les proporcioné los elementos y eso le sirvió a Bielsa para remover el fango. Comenzaron las observaciones por lo actuado y al final se terminó anulando el contrato.

Cuando asumió Néstor Kirchner les envié sendas cartas documento a Bielsa y al ex ministro del Interior, Gustavo Béliz, sugiriendo que movieran el expediente. Tiempo después, hace más o menos un año, leí en un diario que habían citado a indagatoria al ex secretario Carreras. No sé en qué terminó.

Si quieren investigar, muy simple: vayan al Juzgado, pidan saber de la causa caratulada “Estrada Jorge Alberto s/denuncia”, ingresada el 17 de marzo de 1998, y comiencen a tirar del piolín.

Es una tarea realmente importante para el país, y no es una afirmación teórica: Siemens tiene un reclamo muy elevado por la anulación del contrato, y profundizar la investigación de cómo estaba planificado el tema podría servir para que no tengamos que pagar –todos nosotros- la “indemnización” que pretenden los germanos.

                                                           Dr. Jorge Alberto Estrada