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A partir de la crisis internacional que provocó la pérdida de miles de fuentes laborales, la Provincia de Buenos Aires tomó una serie de medidas de importancia que fueron delineadas por el autor de este artículo
Oscar Cuartango (*)
Colaboración
Cuando ha transcurrido más de un año desde que se desencadenó la peor crisis financiera de las últimas décadas y en vistas de su impacto en el empleo, resulta conveniente realizar un análisis de las acciones llevadas a cabo y las todavía por realizar. El Estado, como administrador de recursos públicos cuenta con la primera limitación y a su vez desafío, la escasez de los mismos. Aún más en tiempos de recesión, disminución de la liquidez internacional y recortes en los préstamos internacionales, el reto duplica la apuesta.
El escenario presentado prioriza la necesidad de un esfuerzo conjunto entre la Nación, las Provincias y los municipios, y un diálogo constante y fluido entre empresarios, gobierno y trabajadores.
La caída de Lehman Brothers producida el 14 de septiembre de 2008 marcó el comienzo de una crisis que ya venía anticipándose en la economía estadounidense.
Nuestro país implementó adicionalmente políticas destinadas al apoyo del empleo ya existente, y a los desempleados. Esto resalta un fenómeno no considerado en un país como Estados Unidos, el de la prevención. Al estallar la crisis no solo era necesario rescatar el sistema financiero que se estaba derrumbando, sino sostener el nivel de empleo y proteger a todos aquellos ciudadanos que contaban ocupados.
Tomó un año poder colocar el tema del empleo en la agenda mundial de la resolución de la crisis.
Dos caminos
El principal conflicto que subyace una crisis de semejante magnitud es que puede llevar a dos caminos, ninguno de los dos favorables: la destrucción de empleos, o la transformación de los mismos en unos de menor calidad. Las empresas, en el momento de reducir costos de producción, pueden desatender las condiciones laborales, suspender trabajadores o reducir las jornadas de trabajo.
En el momento que comenzaron a sentirse las primeras consecuencias de la crisis financiera en la economía de la Provincia de Buenos Aires, unas 600 mil personas se encontraban desocupadas (estimando una tasa de desempleo provincial del 9,4%) sobre una Población Económicamente Activa (PEA) compuesta por casi 6,9 millones.
Acciones
En aquel entonces, el gobernador Daniel Scioli fue muy claro a la hora de delinear las acciones que se llevarían a cabo desde las distintas carteras de su gobierno: la preservación de puestos de trabajo se instaló desde entonces como una prioridad en las agendas de los funcionarios públicos provinciales. Resultaba un buen aprendizaje de la nefasta década de los ´90 el hecho de destinar los escasos recursos del Estado a subsidiar al empleo, en lugar de otorgar planes sociales a los posibles nuevos desocupados.
Sin embargo, como se demuestra a continuación, el mejor amortiguador de los efectos negativos de la crisis sobre la clase trabajadora fue la ardua tarea de articulación interjurisdiccional y el fuerte diálogo social con sindicatos y empresarios, afianzado por la convicción de evitar los despidos masivos de trabajadores.
El primer paso firme fue la reconversión de los antiguos planes de empleo, diseñados en el contexto de la anterior crisis del año 2001. Los históricos Programas Bonus y Segunda Oportunidad consistían en prácticas de capacitación laboral en empresas por las cuales el Estado Provincial aportaba $200 en concepto de beca por un período de 6 meses a cada beneficiario. Desde diciembre de 2007 hasta la derogación de la norma que les daba sustento, se hicieron algunas modificaciones, con el fin de adecuarlos al nuevo contexto provincial. A su vez, las personas bajo esta modalidad no estaban protegidas por la seguridad social, ni necesariamente eran incorporados a un empleo formal al finalizar la práctica. No obstante, como resultado de la ejecución de estos programas en el período 2008/2009 se otorgaron unas casi 9 mil becas, equivalentes a unos $10 millones desembolsados por el Estado provincial.
Un gran salto cualitativo en materia de políticas de empleo fue la aprobación en diciembre de 2008, por decreto provincial Nº 3379/08 del “Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo de la Provincia de Buenos Aires”- PRE.BA. Dicho plan, que sería una clave fundamental en la intervención pública en el incipiente contexto de crisis, había comenzado a gestarse con anterioridad a la misma con el fin de brindar una mejor herramienta para promover el empleo.
Programas
El PRE.BA, que cuenta con cuatro programas: Inclusión Laboral; Regularización del Empleo no Registrado; Asistencia a la Promoción Industrial; y Preservación de Puestos de Trabajo en Situación de Crisis -, marca una diferencia sustancial con los Programas Bonus y Segunda Oportunidad, al variar el enfoque por el cual todo trabajador es incorporado a la empresa bajo la modalidad de Contrato por Tiempo Indeterminado desde el primer día. Bajo distintas condiciones y requisitos de acceso para cada una de sus 4 modalidades, el Estado provincial le asigna a cada trabajador una suma mensual de hasta $ 600, y el empleador paga la diferencia hasta completar el sueldo del Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a su actividad. Se transforma así un resguardo sobre la calidad del trabajo y coincidente con las pautas establecidas por la OIT para el Trabajo Decente.
Uno de los programas Incluir fue concebido con el fin de corregir la deficiente distribución de las oportunidades laborales que afecten a los sectores más endebles de la PEA, propiciando su inclusión en dicho mercado. A pesar del contexto de crisis mundial, cabe destacar el éxito del programa, por cuanto hasta el momento han adherido unas 40 empresas lo que significa la creación de 2.400 nuevos puestos de trabajo, en distintos rubros como el textil, calzado, metalúrgica y autopartista, entre otros. Esto significa una erogación del sector público de aproximadamente $18 millones, con el fin de apoyar a los sectores mano de obra intensivos. Actualmente, según el informe sobre “Demanda Laboral Insatisfecha en la Argentina” publicado por el Indec, las empresas dedicadas a estas actividades permanecen activas en la búsqueda laboral, donde, por ejemplo, en el sector textil la mitad de su demanda no pudo ser satisfecha.
Respecto de los resultados obtenidos por el Programa Preservar, el mismo se aplica en forma suplementaria del “Programa de Recuperación Productiva” - REPRO a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación – MTEySS, quien ha realizado acciones para la preservación de 43 mil puestos de trabajo, pertenecientes a 400 empresas de nuestra provincia, en su mayoría pymes. El monto comprometido es de aproximadamente $340 millones, representando más del 30% de la inversión total del programa para la contención de los efectos de la crisis iniciada en el 2008. Esto último demuestra el fuerte lazo que existe entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires. La articulación de políticas ha sido desde el principio el eje rector de las acciones emprendidas por la actual gestión, que evidencia su importancia cuando los trabajadores se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Los municipios
Asimismo, este trabajo interjurisdiccional se completa con los municipios, quienes además de promover el PREBA en sus distritos, han sido un engranaje fundamental en la implementación del principal instrumento anticrisis: la suscripción acuerdos con firmas y cámaras sectoriales para la preservación del empleo. Estas actas compromiso a no realizar despidos masivos por un plazo de 180 días se formalizaron con 660 empresas, lo que implica 56 mil puestos efectivamente preservados, además de la adhesión de 120 cámaras empresarias y sindicatos. La fuerte responsabilidad social de estos sectores es un motivo de orgullo hacia nuestras pymes y también es un buen ejemplo de que el trabajo conjunto con los distintos actores sociales logra mejores resultados que emprender estas acciones por separado.
Más allá de que los últimos indicadores publicados por el Indec no sean los deseables, es justo destacar que unas 220 mil personas ingresaron a la PEA en este último año, de las cuales 130 mil encontraron un empleo y otras 90 mil incrementaron los índices de desocupación. Sin embargo, la destrucción de puestos de trabajo que vaticinaba esta crisis hubiera sido una mala noticia si no fuera por los favorables números de la intervención gubernamental en nuestra Provincia. En total, entre las acciones conjuntas realizadas por las carteras laborales de nación y provincia, junto con las áreas análogas de los 134 municipios, se evitó el despido de 100.000 trabajadores, lo que significa impedir que la tasa de desempleo se incremente en casi 2 puntos porcentuales.
Evidentemente esta crisis que tuvo sus orígenes en los Estados Unidos no ha traído beneficios para nadie, poniendo en debate cuál es el rol que debe asumir el Estado en circunstancias como estas. Los principios neoliberales que la economía norteamericana ha profesado son objeto de las críticas de quienes en épocas pasadas los han defendido. Los organismos internacionales como el FMI, hoy revisan los fundamentos teóricos de las medidas que proponen. Entre las lecciones de Smith y Keynes, la balanza parece hoy inclinarse por inyecciones de gasto público para promover la producción y el empleo. La flexibilidad laboral para promover el empleo y el mercado financiero como rector de las economías de los países fueron los ejes de recomendaciones poco respetables.
Se dice que quienes no conocen la historia la repiten. Las altas tasas de desempleo de la década pasada fue un golpe muy fuerte sobre nuestra sociedad, de lo que afortunadamente los gobiernos han aprendido una buena lección y actuaron en consecuencia. Evidentemente fue una decisión eficaz el hecho de sostener el empleo a través de dirigir todas las herramientas institucionales en el logro de ese objetivo. Los subsidios al empleo y el diálogo con sindicatos y empresarios son dos de las medidas que aseguraron que nuestra Provincia no tuviera los efectos que llenan los titulares de los periódicos del mundo. ///
(*) Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires
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