Funcionarios del Departamento Ejecutivo y miembros del Concejo Deliberante deberán estar al día con el pago de las obligaciones municipales de sus propiedades, comprendiendo las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, tasa de salud, tasa a la hectárea, tasa de seguridad e higiene, sobretasa de turismo, etc.
Así lo establece la ordenanza 6236 aprobada por el cuerpo legislativo en la última sesión ordinaria, luego de la presentación del correspondiente proyecto por parte del radical Alfredo Maldonado.
En la norma se sostiene que también tendrán que registrarse bajo declaración jurada las propiedades de las cuales son titulares los funcionarios como ediles. En el caso que sean copropietarios o integrantes de sociedades constituidas como propietarias, no será de aplicación el mecanismo en cuestión.
Las obligaciones de tasas municipales de pago mensual serán debitadas automáticamente de la correspondiente liquidación de haberes.
El Departamento Ejecutivo quedó facultado a instrumentar los procesos administrativos para la efectivización de la presente ordenanza.
Conductas evasivas
Maldonado dijo que impulsó esta iniciativa teniendo en cuenta “la realidad económica y cultural en nuestro país, donde en el transcurso del tiempo la sociedad toda ha adoptado, por una u otra razón, conductas reñidas con la ética poco solidaria en algunos casos, y de características evasivas en el aspecto tributario”.
En los considerandos de la ordenanza aprobada se consignó que “esas conductas evasivas y, particularmente, en el aspecto municipal atenta contra el compromiso de aportar al erario lo que indique equitativamente la ley, a través de la Ordenanza Fiscal Impositiva, en todos sus aspectos tributarios”.
Además, se puntualizó que “el buen contribuyente tendrá el derecho y obligación de demandar a la administración municipal por la prestación de los servicios públicos, la mejor atención de sus demandas y la posibilidad de sostener solidariamente a aquellas personas que se hallan realmente impedidas de contribuir”.
A juicio de los ediles, aquellos ciudadanos que ocupan cargos ejecutivos y electivos tienen una “doble obligación” y deben ratificar la confianza depositadas por sus representados contribuyentes, cumpliendo estrictamente con sus obligaciones tributarias.
“Esta acción formal de los funcionarios públicos genera una actitud similar entre los conciudadanos con posibilidades ciertas de hacerlo, optimizando el sistema, aumentando el índice de cobrabilidad y posibilitando, consecuentemente, una distribución equitativa del tributo total”.
Se sostuvo que “a mayor cantidad de contribuyentes que abonen, menor será la carga tributaria y la posibilidad de retribuir en mejores prestaciones de servicios, además de no significar un aumento de tasas y/o contribuciones”.
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