La Argentina, país unitario, según la injusta distribución de la renta nacional

23 abril 2008 09:56

La concentración de recursos impositivos permite el financiamiento de la hegemonía y la subordinación de los gobiernos locales. La Argentina necesita un sistema tributario totalmente nuevo

Por Rodolfo Terragno (*)
Colaboración
La Argentina es un país unitario.
No importa que cada provincia elija, mediante el voto popular, un gobernador y una legislatura.
No hay gobierno sin dinero, y el dinero lo tiene la Nación, que lo reparte como se le da la gana.
Algunas veces se habla del “centralismo porteño” y se cae en una de las falsas antinomias que han caracterizado a nuestra historia: Buenos Aires vs. el interior, la ciudad vs. el campo.
Otras veces se analiza el afán de “hegemonía” de determinado gobierno y se discute si éste o aquel gobernador debería rebelarse o negociar; sacrificarse o ser considerado un colaboracionista.
Todos estos dilemas políticos tienen una base objetiva: la errática y cada vez más injusta distribución de la renta nacional, que confiere al gobierno nacional un poder que los constituyentes ni imaginaron.
En tiempos de Irigoyen o Alvear, las provincias recaudaban sus propios impuestos. Era un verdadero federalismo fiscal.
Sin embargo, había un inconveniente: las provincias ricas recaudaban mucho y las pobres recaudaban poco. Esto podía acentuar la desigualdad entre las distintas regiones del país, pero por eso mismo existían los “subsidios nacionales”, que salían de los bolsillos del gobierno nacional e iban a parar a las provincias con mayores necesidades.
En 1934, bajo el gobierno del general Justo, se decidió que los impuestos fueran recaudados por la Nación y distribuidos por la misma Nación entre las provincias, tratando de favorecer a las más necesitadas. El fundamento era bueno, pero ya había por detrás una vocación unitaria. Se trataba de restar autonomía a las provincias, haciéndolas depender de una caja instalada en Buenos Aires.
Tal como funciona hoy, el sistema sirve para hacer más rica a la Nación y más pobres a todas las provincias, sin excepción. Esto se ha agravado en las últimas dos décadas.
Hace 20 años, bajo el gobierno de Alfonsín, las provincias recibían automáticamente 58 pesos por cada 100 que recaudaba el Estado nacional. Hoy apenas reciben 27. Lo demás se lo queda la Nación o lo reparte arbitrariamente.
La concentración de recursos impositivos permite el financiamiento de la hegemonía y la subordinación de los gobiernos locales.
Esta es la evolución que han tenido las transferencias automáticas desde 1973:
El monto actual, 27,07% es el más bajo desde que se estableció el régimen de coparticipación en 1934. El más alto se alcanzó durante el gobierno de Alfonsín, con 57,36%.
La drástica reducción de las transferencias automáticas comenzó en la década del 90, al mismo tiempo que –en un movimiento contradictorio- se traspasaba a las provincias las escuelas, los hospitales y los servicios de agua y obras sanitarias.
El problema fue agravado por las retenciones y los impuestos no coparticipables que se introdujeron en 2002, con el pretexto de la crisis pero que no se eli, sino que, al contrario, se hicieron cada vez mayores.
Así, en la época en que Anses era deficitaria, se resolvió destinar a la seguridad social:
• 70% de la recaudación de Monotributo.
• 20% de la recaudación de Ganancias.
• 15% de la masa coparticipable.
• 11% de la recaudación del IVA.
• 6% de Bienes Personales.
Hoy la Anses es superavitaria, pero se le siguen sacando 17.000 millones a las provincias para atender a la seguridad social.
La codicia del gobierno nacional ha llevado a una situación absurda. En tres de cobrar los impuestos más fáciles y rápidos, y de repartir lo menos posible, ha puesto la mayor presión tributaria sobre la producción, la exportación y la economía en blanco:
En 1994 los constituyentes decidieron que –previo un acuerdo entre provincias- el Congreso debía sancionar una nueva ley de coparticipación, justa y eficiente, antes del 31 de diciembre de 1996.
Es cierto que la Constitución puso demasiados requisitos, algunos de los cuales pueden ser contradictorios. Pero también es cierto que no se ha hecho nada para buscar un común denominador, identificar las áreas de disenso y mejorar la distribución existente en 1994.
Al contrario, es notorio que hubo falta de voluntad de cumplir la Constitución y el Estado nacional ha empleado cualquier pretexto para ir quedándose con la parte del león.

Las retenciones

Las retenciones matan a la gallina de los huevos de oro. Son una variante de la tablita o de la convertibilidad.
Nos quejamos de Estados Unidos y Europa porque ellos subsidian a sus agricultores, pero nosotros también los subsidiamos ( a los agricultores norteamericanos y europeos), imponiendo, mediante las retenciones, un sobrecosto a la agricultura nacional.
Además, hemos vuelto a castigar a la producción y premiar el dinero fácil: quien se dedica a cultivar la tierra carga con las retenciones que gravan la exportación de sus productos; quienes se dedican a especular, no pagan nada por exportar sus ganancias financieras.
Contra lo que presumen muchos, las retenciones no son progresistas:
• En tanto implican un costo adicional –que los exportadores trasladan a los acopiadores y éstos al productor-, perjudican sobre todo a quienes no tienen espaldas. Por eso, las rutas no las cortaron Cargill, Bunge o Dreyfus. Las cortaron los pequeños y medianos productores, a los cuales ahora se pretende compensar, difusamente, el daño concreto que las retenciones les causan.
• Al no ser coparticipables, las retenciones también perjudican al interior: son un costo que reduce la rentabilidad y, por lo mismo, la recaudación del impuesto a las ganancias, que debe distribuirse entre las provincias. El Estado nacional cambia así un impuesto que debería repartir por otro que guarda para sí solo. Esta concentración de ingreso fiscal ha cumplido un papel muy importante en la financiación de la hegemonía política.
• No es cierto que las retenciones sirvan a la redistribución de ingreso. El estado de bienestar se instrumentó, en todo el mundo, mediante impuestos directos. La Argentina no tiene un sistema de impuestos directos sino una red de peajes:
a) Casilla de peaje en los supermercados, para cobrarle IVA a todo quien pase por la caja.
b) Casilla de peaje en los bancos, para cobrarle impuesto al cheque a todo quien pase por la ventanilla.
c) Casilla de peaje en los puertos, para cobrarle retenciones a todo quien exporte.
Empleado y desempleado, terrateniente y chacarero, rico o pobre, todos pagan el mismo IVA, el mismo impuesto al cheque y –directa o indirectamente- el mismo impuesto a la exportación.
Si uno deja de lado sofismas y retórica, es muy difícil defender las retenciones.
Sobre todo si se tiene en cuenta cuál es el dólar real y cuál es el dólar efectivo al que producen y exportan ciertos sectores.
Se dice que se mantiene un dólar alto y es falso. El tipo de cambio real (descontada la inflación acumulada desde la devaluación) está hoy en 1=1,46; muy lejos del 1=1.
Pero además, las retenciones implican que existe, para el dólar de exportación, un sistema de cambios múltiples, según la actividad afectada. Si a 1,46 se le descuentan las respectivas retenciones (27,30% para el trigo; 45% para petróleo; 44% para la soja, 41,33% para la leche en polvo), tenemos que (en términos de tipo de cambio efectivo), el panorama es el siguiente:
En algunos casos, el argumento para las altas retenciones es la necesidad de abastecer el mercado interno de productos esenciales a precios razonables. Es el caso de la leche, o el trigo. No es caso de la soja, cuyo consumo es mínimo en el país. El dólar sojero bajo (0,82) es compensado por los altos precios internacionales, pero muestra que la Argentina ha vuelto al sesgo antiexportador, que se traduce fatalmente en antidesarrollo.
Es indudable que la Argentina necesita un sistema tributario totalmente nuevo. No una reforma improvisada, motivada por razones de coyuntura, que se vota hoy para que empiece a regir mañana. Una reforma que establezca un régimen armónico, equitativo y estable, que estimule la producción y la inversión, y que otorgue previsibilidad a los actores económicos.
Complemento de esa reforma es un régimen de coparticipación que termine con la dependencia de las provincias respecto ce la Nación, y de los municipios respecto de las provincias.

(*) Ex senador nacional. Ha ocupado distintos cargos de relevancia política.

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