Necochea y Quequén se enfrentan a una sucesión de robos y asaltos violentos que tuvo su punto máximo en los últimos días.

Por Vicente Di Santo

Redacción

Necochea y Quequén se enfrentan a una sucesión de robos y asaltos violentos que tuvo su punto máximo en los últimos días, cuando se registraron cuatro hechos sucesivos en los cuales los delincuentes maltrataron salvajemente a sus víctimas.

En uno de ellos, ocurrido en un comercio de avenida 74, el propietario del mismo fue objeto de un robo y golpeado brutalmente, sin miramientos. Cuando los ladrones abandonaban el negocio, la victima tomó una pistola y disparó en dos oportunidades, hiriendo gravemente a uno de los tres delincuentes.

Esos dos disparos han establecido un punto de inflexión en la seguridad –o en la inseguridad, si se prefiere- del distrito, y deberían obligar a un análisis pormenorizado y exhaustivo de la situación, con el fin de buscar las respuestas para que la sociedad comience a percibir un mejor clima.

“La aparición de un “justiciero” es lo peor que nos podía pasar. Estamos llegando a un punto realmente complejo. Tenemos que tratar de que la gente entienda que no puede armarse para defenderse, porque eso complica aún más las cosas”, dijo un alto

La réplica no fue la de un criminal, sino la de un ciudadano asustado que equivocó su respuesta a la agresión.

jefe policial a pocas horas de ocurrido el hecho de la avenida 74.

Por estas horas no es difícil encontrar vecinos que justifiquen y hasta avalen el accionar del comerciante que baleó al ladrón. Pero nadie piensa en lo mal que se sentirá esa persona después de haber baleado a otra, aunque ésta sea un ladrón que lo golpeó. Porque su naturaleza no es la de quien balea a otro porque sí, no es la de un criminal, sino la de un ciudadano asustado que equivocó su respuesta a la agresión.

Una réplica de violencia a la violencia, generalmente suele ser irracional y carente de límites. Pero también constituye un delito. No hay justificación que valga, una vez que intervenga la Justicia. En consecuencia, la víctima termina poniéndose a la altura de sus agresores.
Hay muchas creencias populares equivocadas que bien podrían enderezarse con una información adecuada por parte de los organismos especializados.

Por ejemplo, la gente se indigna cuando observa que la Policía traslada al sospechoso de un ilícito con el rostro cubierto, porque considera que se lo está protegiendo.

Pero, en realidad, lo que se busca es no anular pruebas, ya que si la cara sale publicada en las fotos de los diarios o se difunden imágenes en los canales de televisión, el posterior reconocimiento en rueda de testigos será nulo.

El país ha sido testigo, en los últimos años, de innumerables casos de víctimas que buscaron justicia por mano propia. Desde el sonado caso del ingeniero Santos –que baleó a quienes le habían sustraído el pasacasete- en adelante.

Sin embargo, las cosas no han mejorado. En verdad, empeoraron y no hay a la vista algún elemento que nos permita observar mejorías a corto plazo.

Estado ausente

El temor individual por la inseguridad se ha convertido en movilizador de “manos duras” en ciertos sectores sociales y ese miedo al delincuente se ha extendido, de manera difusa, en quienes deben disipar la vulnerabilidad del orden.

El miedo generalizado al crimen configura estados subjetivos que se instalan en la sociedad y el principal problema reside en que ese miedo masivo ante el temor a la criminalidad es, a su vez, fuente de otra criminalidad.

Se trata de una esfera de ilegalidad de la propia ciudadanía afectada por esos sentimientos asociados a la victimización social.

En consecuencia, un crimen fundado en el miedo y la respuesta a la delincuencia, configura una no menos aterrorizante fuente de peligrosidad.

La naturaleza humana es esencialmente violenta pero ello no es excusa para tratar de ser mejor y de brindar las mejores soluciones a los problemas, por supuesto, desde una lógica humana.

Lo cierto es que el hombre ha evolucionado mucho desde aquella etapa de la Ley del Talión. Creó instituciones destinadas a reprimir los delitos, le delegó al Estado el derecho a reprimir, instrumentó una organización en busca de la justicia. En consecuencia, volver al ojo por ojo significaría un retroceso enorme en esa evolución incuestionable.

La justicia por mano propia puede llevar a una espiral de violencia, quizás incontrolable, y también a una sensación de impunidad. La existencia de hechos de justicia por mano propia debe alertarnos como sociedad y poner en revisión al gobierno municipal y a los diferentes actores, como Policía y principalmente organismos de Justicia, es decir, al Estado en general, exigiéndose responsabilidades mutuas.

Hay que exigir que el Estado ensaye las respuestas necesarias, a través de los gobernantes y funcionarios de turno.

El Estado debe ocuparse de controlar el delito y también de resolver las tensiones sociales que alimentan el miedo y la inseguridad. La justicia por mano propia o la defensa propia armada sólo sirven para incrementar las emociones violentas y el desenfreno.

Las soluciones no están en el exhibicionismo mediático ni en las alocuciones vacías y las reuniones de compromiso frente a una situación puntual, sino en conductas sólidas, conciencia moral y políticas serias.

Pero todos los días hay ejemplos de que el Estado no se ocupa, o de que, en otras situaciones, no se ocupan bien.
Por caso, el jueves sesionó el Concejo Deliberante y en varias horas de exposiciones ninguno de ediles aludió a la escalada violenta de la delincuencia. No se hizo una sola referencia. En cambio, se habló hasta el hartazgo del paro del campo, en un claro ejemplo de extemporaneidad y desapego con los tiempos reales de cada problema.

En el municipio se sigue insistiendo en que la seguridad es un asunto de ingerencia provincial, mientras se simulan o se anuncian acciones que nunca terminan por concretarse.

En general, se acepta que en esta instancia la Policía no está actuando mal, pero por momentos se percibe desbordada.

Y la Justicia, si bien se aprecia alguna preocupación en las áreas de naturaleza penal, sigue siendo el sector menos comprometido con la inseguridad.

El resto de la sociedad, en tanto, se divide entre quienes rezan para que no les toque a ellos, los que sufren los actos delictivos y sus graves consecuencias o los que eligen un camino erróneo e igualmente traumático.

Hay que exigir que el Estado ensaye las respuestas necesarias, a través de los gobernantes y funcionarios de turno. Es un derecho primordial de la sociedad y hay que ejercerlo.