El gobierno continúa con su tesitura de transformar la realidad mediante el manejo discrecional de las estadísticas.
Cuando la suba de los precios de los commodities era favorable porque le arrimaba recursos al Tesoro, no generaban inflación y tampoco distorsionaban las estadísticas.
Las retenciones a las ventas de soja al exterior, que han adquirido el carácter de fijas en 30 y 35 por ciento, de acuerdo al tonelaje de cosecha serán, después de los reintegros aprobados por la Cámara de Diputados hasta el 31 de octubre próximo, mucho menores que aquellas que rigen para el trigo y el maíz.
El kirchnerismo y la oposición sólo persiguen la "gloria" sectorial y no tienen el mas mínimo interés en arribar a un "consenso" en el conflicto con el campo, que se transmita a la sociedad.
La mayor vinculación con el nivel medio; la ampliación de la cobertura, permanencia y egreso de los estudiantes; la apertura de la gratuidad en algunos posgrados docentes y la defensa de la educación como derecho humano y no como bien del mercado, constituyen los desafíos que aunarán a gran parte de las universidades públicas de América Latina. La búsqueda de nuevos territorios lejos de las grandes capitales y urbes; una mayor vinculación con el medio en que convive y el compromiso en la resolución de los problemas sociales y una autonomía de los gobiernos pero ejercida con cierta "responsabilidad", son también los retos para las casas de altos estudios.
El gobierno nacional no tiene asegurada la aprobación del proyecto que envió al Congreso Nacional sobre el nuevo esquema de retenciones móviles, y si bien se recuesta en la amplia mayoría con la que cuenta en ambas cámaras, deberá tener en cuenta el tenor del texto que se apruebe, para no promover el retorno del conflicto con el agro.
Por Walter Schmidt
Agencia DYN
El Gobierno impuso una retención a la soja muy "cara" el 11 de marzo y los agricultores proponen mantener la retención "barata" anterior a esa fecha, en tanto que los partidos opositores especulan alrededor de ambos extremos.
Si no fuera porque las entidades agropecuarias reclaman una discusión a fondo de la política sectorial, la mera puja de los números no se distinguiría de aquello que sucede en un mercado persa.
El conflicto del campo no cesa de concitar la atención de la sociedad, aunque innegablemente otra ristra de problemas sigue demandando respuestas tan perentorias como la cuestión del agro.
La pirotecnia verbal entre campo y gobierno debería finalizar hoy mismo, después de 100 interminables días de la mayor protesta rural de la historia, aunque por ahora su devenir tenga final abierto.
Con el acto de ayer en la Plaza de Mayo, Néstor Kirchner y Hugo Moyano terminaron de poner a la administración de Cristina Fernández en terapia intensiva y asistida con la respiración artificial generada sólo por las corporaciones a las que representan: la CGT y el PJ.
Quienes no coincidan con las medidas del gobierno deben formar un partido político y ganar las elecciones. Así funciona la democracia; no es la búsqueda de consensos ni tampoco el hallazgo de equilibrios moderadores de las tensiones sociales.
El conflicto que enfrenta al campo argentino con el Gobierno no sólo ha dividido a la sociedad. También ha instalado entre analistas y politólogos una inacabada polémica acerca de la naturaleza del enfrentamiento.
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